Por Noticias El Estor:
Los llamativos aretes de oro que siempre usa Marta Arrivillaga de Carpio, viuda de Carpio, son un testimonio silencioso del muro de impunidad que todavía existe en Guatemala. Así también, los nombres de testigos y una muy secreta videocinta que bien escondida languidece, por ahora, en una bóveda de algún banco de Guatemala.

Marta de Carpio llevaba esos finos aretes de oro aquella noche del 3 de julio de 1993, cuando asaltantes enmascarados emboscaron su vehículo y asesinaron a su esposo, Jorge Carpio, y a otras tres personas. Se llevaron cinco objetos, entre ellos, dinero por un valor menor a 50 dólares, un par de anteojos contra el sol, dos navajas de bolsillo y un reloj barato. Pero dejaron alhajas de valor — como los aretes de oro — artículos electrónicos y otros objetos que valían miles de dólares.

Una banda de entre 25 a 30 individuos obligó a detener a los dos vehículos. Se cubrían con pasamontañas negros y portaban armas cortas, M-16 y Galils. La celada ocurrió en el Kilómetro 141 de la carretera entre Los Encuentros y Chichicastenango en las montañas occidentales de la provincia del Quiché. Es un lugar conocido como el puente Molino El Tesoro. Los hombres armados se acercaron a la primera furgoneta que conducía Ricardo Sanpedro. Carpio iba con su esposa, Mario López, Juan Vicente Villacorta y Sidney Shaw. Sanpedro y López fueron obligados a salir del vehículo y a entregar sus armas. Sin más, Carpio fue amenazado por su nombre.

Un segundo grupo rodeó a la otra furgoneta y ordenó a sus ocupantes que bajaran. Luego, dispararon y mataron a Alejandro Avila y a Rigoberto Rivas e hirieron gravemente a Sidney Shaw Jr., de 16 años.

Los sujetos que rodearon la camioneta de Jorge Carpio registraron a Juan Vicente Villacorta. Como otro vehículo se acercaba, le dispararon a Villacorta a sangre fría, y también le dispararon al otro vehículo. Entonces, el que parecía el jefe del grupo ordenó que mataran a Carpio. Uno de los hombres le disparó tres veces en la ingle y en el glúteo izquierdo. Murió en el hospital en Santa Cruz del Quiché esa misma noche. Sidney Shaw y Richard San Pedro, dos de los sobrevivientes, llegaron a la estación de policía en Chichicastenango, pero les negaron ayuda.

Marta de Carpio esquivó los disparos y sobrevivió. Ella insiste en que los atacantes eran integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Estas patrullas, que cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas, son acusadas de cometer muchos asesinatos extrajudiciales por grupos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Al salir de la jefatura de policía, Shaw y Sanpedro se encontraron con Manolo Rodríguez del partido de la Unión del Centro, que estaba transportando soldados. Otro grupo de militares fue llevado a la escena del crimen en la furgoneta de Shaw para ayudar a los heridos.

Como esa noche no había patrullaje, los hombres tuvieron que haberse vestido, puesto las botas y salir del cuartel para encontrar a las víctimas en la estación de policía. El general Víctor Velázquez Echeverría, en ese tiempo comandante de la Zona 20, jurisdicción donde Carpio fue asesinado, dijo que en circunstancias especiales las tropas pudieron haber decidido acudir a la escena del crimen sin consultar a la jefatura.

Aunque estas tropas fueron las primeras autoridades oficiales en llegar al Molino El Tesoro, el hecho no fue anotado en el registro de la zona militar. Los demandantes preguntaron insistentemente por los nombres del teniente y de los miembros de su tropa, pero nunca fueron revelados.

López y Sanpedro descubrieron una bala bajo el asiento de la minivan y se la entregaron a un capitán de inteligencia del Ejército. La bala desapareció y jamás fue entregada a las autoridades gubernamentales apropiadas.

La policía empezó a rastrear el área del crimen el 4 de julio en la mañana. Más tarde, ese día, en Ciudad de Guatemala se realizaron autopsias a las cuatro víctimas y se tomaron fotografías a color de sus heridas. Posteriormente los informes y las fotos de las autopsias se evaporaron.

La noche del 4 de julio, durante el funeral, el coronel Otto Pérez Molina, jefe del Estado Mayor Presidencial, y el coronel Ricardo Bustamante, jefe de Archivos del Ejército, se acercaron a López. Lo llevaron a un cuarto pequeño y lo interrogaron. Los otros sobrevivientes también fueron interrogados de esta forma no oficial por el mayor Mario V. Gómez Ayala y por el comisionado Carlos Marroquín.

Durante el ataque, López fue pateado por uno de los asaltantes, y la bota dejó huellas en su pantalón. Carlos Palacios de la Cerda, asesor del entonces presidente Ramiro de León Carpio, después pidió — y recibió — el pantalón de López. Desde entonces, esa prenda desapareció.

A los dos días, el ministro del Interior, Arnoldo Ortiz Moscoso se comprometió a capturar a los criminales en 48 horas. Ese mismo día, el propio presidente de León Carpio, anunció la captura de dos integrantes de una banda llamada los Churuneles. Los catalogó de delincuentes comunes. Para el 7 de julio se había arrestado a 11 miembros de esa banda.

Las declaraciones oficiales indicaron que todos los miembros de ese grupo fueron responsables del asesinato de Carpio. Pero los Churuneles sólo tenían armas calibre .22 y una pistola de salva, según la policía. Carpio y sus tres compañeros fueron asesinados con armas calibre .45 y .9 mm. No se encontra ron en posesión de los Churuneles objetos robados de la caravana de Carpio.

Las armas de los Churuneles jamás se enviaron al tribunal de competencia de Santa Cruz de Quiché ni tampoco volvieron a aparecer. Las pruebas de parafina que se hicieron a los detenidos de la banda resultaron negativas. Esto no se reveló hasta que la familia Carpio exigió insistemente para que se dieran a conocer los resultados.

Con el tiempo, sólo cuatro de los Churuneles fueron acusados del crimen. A los demás, únicamente se les acusó de posesión de armas y robo.

Durante los meses que siguieron a la muerte de Jorge Carpio, se perdieron o se alteraron evidencias, mediante intimadiciones a testigos y amenazas a jueces, fiscales públicos y querellantes. Sin embargo, se han encontrado nuevas pruebas, según entrevistas confidenciales realizadas por la SIP en San Pedro Jocopilas en el departamento del Quiché.

Hasta ahora se ha bloqueado la presentación de las nuevas evidencias en el juzgado. En el juicio, que se sigue bajo el antiguo sistema legal de Guatemala, basado en el sistema de justicia europeo, ya se pasó la etapa de presentación de pruebas. Para que se admitan nuevas pruebas, los querellantes trataron de retroceder el juicio a la fase de evidencias. Lo hicieron mencionando un error del juzgado al permitir que la acusación de "lesiones", por las heridas de uno de los tripulantes, fuera cambiada a "intento de asesinato" sin darle a los acusados la oportunidad de defenderse de los nuevos cargos.

La decisión la tomó el juez suplente Aníbal Rodríguez Alfaro mientras el juez del Primer Tribunal Penal, Carlos Villatoro Shunimann estaba de vacaciones en enero. Villatoro reiteró posteriormente su acuerdo con la decisión y le respetó al juez suplente el derecho de tomarla. Villatoro parecía estar bloqueando la admisión de las nuevas evidencias, que incluyen testimonio secreto y refutación de coartadas.

Karen Fischer, la nuera de Carpio, definió la decisión como una "maniobra legal" para obstruir el caso. El fiscal Abraham Méndez dijo que la decisión era "totalmente negativa". Añadió que "el asesinato de Carpio no fue obra de delincuentes comunes, sino el resultado de una conspiración que contiene una serie de aspectos que pienso revelar; por lo tanto es necesario ir más al fondo del caso y no emitir veredictos apresurados".

Las nuevas evidencias apuntaban a los patrulleros como sospechosos materiales y sentaban las bases para acusar al Ejército y al grupo G-2 .